Por: José Fernando Villegas Hortal, Director Ejecutivo CCI Antioquia
Las plantas de generación, dependiendo del atributo que posean, deberían ser avaluadas con los mecanismos que mejor se adecúen a sus atributos y el Gobierno no debería estar buscando que sean ellas las que se adecuen a los atributos
En los últimos tiempos se ha vuelto moda hablar de las energías limpias alternativas como la gran solución al problema de contaminación que se genera por el uso de combustibles fósiles. Los grandes consumidores quieren que la generación se oriente a fuentes de producción más limpias como la energía solar y la energía eólica, y Colombia, que cae fácilmente en las modas sin analizar a profundidad su situación particular, ha caído en esa tendencia. Veamos brevemente la realidad para el mundo y para el país de migrar a ese tipo de generación en los próximos años.
Bueno es saber que en materia de generación de CO2 Colombia contribuye con escasas 1,8 toneladas por persona/año, en comparación con USA que contribuye con 17.6 toneladas persona/año, China con 10.1 toneladas persona/año y los países del G20 con 7.9 toneladas persona/año, en otras palabras, Colombia contribuye apenas con algo así como el 0.6% de la generación mundial de CO2 en el mundo.
Estas cifras, simplemente ayudan a entender que el problema de contaminación y calentamiento global no lo genera en una proporción importante Colombia, y, por consiguiente, la solución mundial a este problema no está en manos de los colombianos y menos de nuestra generación eléctrica, que proviene mayoritariamente de fuentes hídricas (68%), catalogadas éstas como energías limpias, debido a su baja o nula contaminación y sus mínimos efectos ambientales.
La producción de electricidad en el mundo proviene fundamentalmente de: generación térmica (60.2%), generación nuclear (10.3%), generación hidráulica (16%), otras fuentes (5.5%) y en menor medida de generación eólica (5.4%) y fotovoltaica (2,6%), cifras bastante diferentes a la percepción popular, que suele catalogar estas últimas como de utilización masiva y las que dominan la generación en los países desarrollados. La generación de electricidad a través de plantas eólicas y fotovoltaicas, conocidas como fuentes de energía renovables no convencionales, están aún lejos de poder suplir un porcentaje importante de la demanda mundial, entre otras cosas, por la dificultad técnica de almacenar la energía, algo que las térmicas, las hidráulicas con embalses, y la nuclear, lo tienen resuelto.
Desafortunadamente se quiere imponer a la fuerza el cambio de generación a fuentes renovables no convencionales, desconociendo que tenemos aún mucho potencial para desarrollar en energía hidráulica, que como ya advertimos, es una fuente renovable, limpia, económica y con mínimas afectaciones ambientales. El Gobierno viene estudiando un cambio regulatorio que les de ciertas ventajas a las plantas eólicas y solares, lo que estaría bien, porque nuestra matriz energética requiere de esas fuentes de generación, pero no en detrimento de las plantas de generación hidráulica, particularmente las no despachadas centralmente y que se conocen como PCHs (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas) que hasta hoy no van al despacho central
Pues bien, es necesario buscar que los cambios en la regulación permitan la participación en el mercado de todas las fuentes de generación y que contribuyan a que nuestra matriz energética se fortalezca y busque que cada fuente aporte sus bondades, matizando así las debilidades del sistema de generación.
Pero el camino que hasta el momento ha explorado el Gobierno pareciera beneficiar algunas en detrimento de otras, en parte porque pretende medir a todas las fuentes con el mismo indicador, la Energía Firme, y no ha comprendido que el indicador escogido es una virtud de algunas fuentes, pero no de todas.
Las plantas de generación, dependiendo del atributo que posean, deberían ser avaluadas con los mecanismos que mejor se adecúen a sus atributos y el Gobierno no debería estar buscando que sean ellas las que se adecuen a los atributos, me explico:
El Gobierno pretende medir la contribución al sistema de las plantas hidráulicas, solares y eólicas que no son despachadas centralmente en términos de Energía Firme, a nuestro juicio, no es adecuado porque las plantas menores no despachadas centralmente se deben evaluar por su capacidad de producir Energía Media, no Energía Firme; es decir, se debe calcular su disponibilidad de generación promedio anual de acuerdo con su factor de carga para evaluar su Energía Media, no su Energía Firme, diferente a las centrales hidráulicas con embalse o las plantas térmicas, que si deben aportar al sistema su atributo de Energía Firme.
La CREG pretende cambiar, en forma equivocada, el marco regulatorio de estas plantas, evaluándoles un atributo que por sus características no poseen, además de tener que pasar por el despacho central. De ponerse en práctica este nuevo marco regulatorio sin los ajustes necesarios, se tendría un impacto negativo en las plantas no despachadas centralmente, en los promotores de nuevas plantas no despachadas centralmente, en los promotores actuales y sobre todo en la expansión potencial del parque de generación existente.
No podemos olvidar que actualmente existen 133 plantas no despachadas centralmente que agregan 1.060.9 MW al sistema, lo que representa el 6.1% de la capacidad instalada en Colombia, y adicionalmente, al menos en el departamento de Antioquia tenemos identificados 46 proyectos nuevos que aportarían 675 MW al sistema, que, de no corregirse la regulación, no podrían entrar en operación.
