Por: José Fernando Villegas Hortal
Director Ejecutivo CCI Antioquia
Si bien el programa 4G avanza positivamente, el gobierno ya prepara el programa 5G compuesto por dos olas; la primera de ellas conformada por 15 proyectos y un valor superior a los 21 billones, y la segunda por 12 proyectos y una inversión superior a los 28 billones, con esto, se espera generar un impacto virtuoso en el crecimiento económico del país cercano al 1.5% anual en los próximos años
Para nadie es un secreto que una de las estrategias más adecuadas para reactivar la economía, luego de la desaceleración histórica producto de la pandemia del covid-19, es la inversión en infraestructura física. El país y el mundo así lo han entendido, y por ello, el Gobierno Nacional, y particularmente el equipo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ha estado empeñada en buscar soluciones a los problemas en los proyectos 4G, propios de este tipo de contratos de gran cuantía y con participación de recursos del sector privado, al punto que, hoy uno de ellos se encuentra en la etapa de operación, y 25 más están adelantando las obras de construcción con avances superiores al 60% en todo el programa; todo lo anterior, muestra el éxito de este modelo que resulta ser el más grande que gobierno alguno haya adelantado en el país y que irriga en la economía, la no despreciable cifra de 47 billones de pesos, generando más de 72.400 empleos directos, e impactando más de 1´300.000 empleos directos e indirectos.
Si bien el programa 4G avanza positivamente, el gobierno ya prepara el programa 5G compuesto por dos olas; la primera de ellas conformada por 15 proyectos y un valor superior a los 21 billones, y la segunda por 12 proyectos y una inversión superior a los 28 billones, con esto, se espera generar un impacto virtuoso en el crecimiento económico del país cercano al 1.5% anual en los próximos años.
De otro lado, sería injusto no mencionar los proyectos viales adelantados por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, menos ambiciosos en su inversión, pero igual de importantes, particularmente por tratarse de obras más pequeñas que pueden ser adelantadas por empresas más pequeñas, y porque están localizadas a lo largo y ancho del país, permitiendo que la inversión se distribuya mejor. Me refiero a los programas Concluir por 2.23 billones, Colombia Rural por 2.47 billones y Vías Para la Legalidad por 7.2 billones, que esperan impactar cerca de 333.000 empleos.
No sobra mencionar que los empleos impactados por el sector son de alta calidad, ya que son empleos formales que garantizan a los beneficiarios todas las prestaciones y garantías de ley. Así que, sin duda, no solo impactará por el alto número de beneficiarios, sino por la calidad del empleo generado.
Una vez se concluyan, estas obras generarán mayor competitividad al país al acercar el campo a los grandes centros de consumo, abaratar los fletes por los menores costos de operación y quizás lo más importante que nos dejarán será la reducción de la accidentabilidad vial, al contar con mejores especificaciones que las harán vías más seguras. Bien por parte del Gobierno Central.
Y es precisamente este último punto, el cual, durante décadas, no ha sido suficientemente valorado en nuestro país, contrario a lo que sucede en el resto del planeta, donde la seguridad del usuario es bien valorada y por ello se usan criterios desde el diseño que permiten mejorar los niveles de confort, seguridad y una adecuada operación por parte de los usuarios, al tiempo que se buscan menores impactos durante la etapa de construcción.
Pareciera que en algunas regiones de Colombia fuésemos en contravía de la modernidad, y por ello, aún encontramos diseños de infraestructuras cuyo principal y a veces único criterio de diseño es “el menor costo”. Esta forma de diseñar, infortunadamente usada durante los últimos años, particularmente en obra pública, generalmente, no da la posibilidad que se usen durante su construcción sistemas industrializados que permitan, entre muchas otras bondades, bajar los tiempos de construcción para reducir los costos administrativos y de supervisión, impactar lo menos posible al futuro usuario, especialmente a los vecinos de las obras que son los más perjudicados durante la etapa de construcción. El uso de este único criterio también impide muchas veces el diseño óptimo, al no contemplar la adecuada compra de predios, lo que obliga a forzar el diseño, en algunos casos dificultando su operación y reduciendo los niveles de seguridad para los usuarios.
Es por todo lo anterior que tristemente estamos viendo, particularmente en las ciudades que comforman el Valle de Aburrá, estructuras que parecen insertadas a la fuerza en el sitio, y en las cuales, sus deficientes accesos impiden el uso adecuado de la estructura principal, no contribuyendo de manera óptima a una verdadera solución de movilidad.
Creo que ya es hora de revisar los criterios de diseño de nuestras obras de infraestructura urbana, pues al escaso espacio dejado por los urbanizadores para la movilidad, producto de una deficiente tarea de nuestras oficinas de planeación, no se le puede sumar soluciones de movilidad diseñadas con el criterio del menor costo inicial, que no siempre garantizan una adecuada y segura operación, dejando de lado criterios tan importantes como la sostenibilidad, la funcionalidad y la seguridad.
