Por: Juan Daniel Mejía Arango
Ingeniero Coordinación Técnica CCI Antioquia
Sumario: El sector de la infraestructura, como jalonador de la actividad económica del país y generador de miles de empleos directos e indirectos, se enfrenta hoy a un momento crucial. Transcurridos casi tres años del actual gobierno Nacional, el panorama ha estado lleno de incertidumbres, tropiezos, retrasos e incumplimientos que han llevado al mínimo el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en todo el país, y con esto, una reducción significativa de las oportunidades de trabajo de las empresas del gremio.
El sector de la infraestructura, como jalonador de la actividad económica del país y generador de miles de empleos directos e indirectos, se enfrenta hoy a un momento crucial. Transcurridos casi tres años del actual gobierno Nacional, el panorama ha estado lleno de incertidumbres, tropiezos, retrasos e incumplimientos que han llevado al mínimo el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura en todo el país, y con esto, una reducción significativa de las oportunidades de trabajo de las empresas del gremio.
Programas de proyectos como las concesiones 5G a cargo de la ANI y los proyectos de Legalidad y Reactivación a cargo del Invías, no han cumplido con los cronogramas esperados, ya sea en sus tiempos de estructuración y contratación en el caso de las 5G, como en los tiempos de ejecución y la disponibilidad presupuestal en el caso de los proyectos de Invías.
Por otro lado, el sector energético enfrenta un panorama aún menos alentador en lo que respecta a las entidades del gobierno Nacional y la viabilidad de proyectos. Grandes barreras en temas regulatorios, ambientales, sociales y de conexión a la red nacional, le han puesto un freno al desarrollo de proyectos, en especial hidroeléctricos, que tienen al país sin margen de maniobra frente a eventos climáticos que suponen un riesgo inminente de racionamiento de energía ante la imposibilidad de atender la demanda con generación de energía en firme.
Sin embargo, a pesar de todos estos inconvenientes, el panorama del país y del gremio está mostrando algunos signos alentadores en lo que respecta a la estabilidad de la economía y la reactivación en el desarrollo de proyectos desde las regiones. Las últimas proyecciones macroeconómicas muestran que luego de varios años de marcada inestabilidad, la economía presentará un crecimiento moderado en los años 2025 y 2026, entre el 2,6% y el 3%; y la inflación rondará valores cercanos al 4% (Bancolombia, 2025). A su vez, el sector de la infraestructura tendrá un crecimiento leve en estos dos años, reflejado en el PIB de obras civiles publicado por el DANE, influenciado directamente por proyectos regionales de gran magnitud como el Metro de Bogotá y el Metro de la 80, así como el inicio de las intervenciones en algunos de los proyectos de la primera ola de 5G.
Lo anterior muestra señales positivas, pero esto no es suficiente y las empresas del sector necesitan oportunidades, tanto desde el sector público como desde el mismo sector privado. En Antioquia, los grandes contratantes de infraestructura como EPM, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia planean inversiones superiores a los $20 billones de pesos, liderados por $14.7 billones que invertirá en infraestructura el grupo EPM y los $6.3 billones de la Alcaldía de Medellín en el cuatrienio 2024-2027. Si bien han pasado 16 meses desde el inicio de estas nuevas administraciones, las expectativas en el desarrollo de nuevos proyectos en los sectores de transporte, espacio público, edificaciones y aguas son muy altas, pero la ejecución todavía es poca.
Ante este panorama, el rol del sector privado se vuelve fundamental para dar un impulso real al sector, con la posibilidad de generar proyectos por medio de esquemas como las APP de iniciativa privada, las obras por impuestos y el desarrollo de pequeñas centrales hidroeléctricas.
En el caso de las APP de iniciativa privada, estas no solo se restringen a proyectos viales. Los privados se encuentran impulsando grandes proyectos de infraestructura aeroportuaria, férrea, portuaria y de escenarios deportivos y de entretenimiento, no solo frente a las entidades regionales, sino ante al gobierno nacional.
Por otro lado, las obras por impuestos toman cada vez más protagonismo como una solución para llevar desarrollo a las regiones más afectadas por el conflicto, con un potencial de impacto en 340 municipios ZOMAC y PDET en todo el país, a los cuales se pueden llevar proyectos de infraestructura que pueden ser impulsados en su totalidad por empresas privadas y que en muchos casos superan con creces los presupuestos de inversión con los que cuentan dichos municipios. Mediante este mecanismo las empresas pueden pagar hasta el 50% de su impuesto de renta aportando para el desarrollo de proyectos de infraestructura de una magnitud imposible de alcanzar por las administraciones locales en un cuatrienio.
Finalmente, y no menos importante, un sector energético en busca de mayor firmeza para la atención de la creciente demanda y de un aprovechamiento eficiente de las ventajas que otorga un territorio montañoso y con abundante recurso hídrico como región andina, ve en el desarrollo de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, muchas de ellas impulsadas desde el sector privado, una ruta para la seguridad energética del país y para dar un impulso conjunto a los sectores de energía e infraestructura, los cuales jalonan la reactivación en cadena, en materia de oportunidades y empleo, en muchos otros sectores de la economía.
Todo lo anterior requiere, inevitablemente, de un gobierno que defina un marco regulatorio claro que le de confianza a los inversionistas, algo que a la fecha no ha sido posible. Además, resulta necesario que se refuerce toda la institucionalidad del sector de la infraestructura con el personal técnico competente, que sea la garantía para una toma de decisiones oportunas y acertadas en lo relacionado a la estructuración y la ejecución de proyectos importantes para todo el país.
En resumen, las iniciativas provenientes desde el sector privado son estratégicas para el momento que enfrenta el país y el sector de la infraestructura y el papel del gremio es clave para dar impulso a este panorama de oportunidades.